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Las razones para absolver a Armando Ariza y gerentes de Revivir

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El andamiaje jurídico que estructuró hace tres años la Fiscalía General de la Nación, por irregularidades en el manejo de los recursos de la salud, se desplomó ayer en uno de los cuatro casos, por inexplicables deficiencias del ente acusador.

Los andamios probatorios, esgrimidos para sustentar primero la imputación y luego la acusación, no resistieron toda la  artillería probatoria que esgrimió la bancada de la defensa.
Los cargos, ineficientemente documentados, tampoco soportaron el severo análisis jurídico realizado por el juez Cuarto Penal del Circuito Hermógenes Trujillo Salas ni el examen ponderado del procurador Judicial 153, Jaime Augusto Marín Palma, que terminó despejando el camino de la absolución.
Después de tres días de intenso debate jurídico, el juez de conocimiento anunció que las imputaciones no tenían el peso ni el fundamento jurídico, técnico y legal para dictar sentencia condenatoria. Por el contrario, estimó que las conductas endilgadas quedaron en el aire.
Según el juez de conocimiento, la Fiscalía no logró demostrar la veracidad de esas conductas, que en su criterio no se probaron. En el caso de la clínica Revivir, no se demostró la desviación de recursos. Tampoco el peculado por apropiación, ni el enriquecimiento ilícito.
Si el eje de la acusación, era la contratación irregular, lo que se demostró es que en este caso, a la luz de las pruebas que se descubrieron, la contratación fue legal.
“Por lo tanto, no se configuraron los delitos de indebida celebración de contratos ni celebración de contratos sin requisitos legales”, aseguró.
“Y menos interés debido, Lo que existió fue un interés cierto para desmejorar, no para favorecer a la clínica Revivir de Pitalito”, anotó el abogado Sheiber Cuenca.
El jurista probó, que contrario a lo esbozado por la Fiscalía, la IPS, legalmente constituida, sólo obtuvo el 8% de los servicios contratados para los afiliados al Sisben de Pitalito, y el 0,42% para el resto del Huila.
“Esos porcentajes, comparativamente con los servicios contratados con la red pública, eran inmensamente inferiores”, señaló.
“Aquí hubo fallas en la investigación, no hubo una rigurosa investigación que pudiera soportar los hechos jurídicamente relevantes”, anotó el Procurador Judicial. Esa misma tesis, la sostuvo al final el Juez Trujillo Salas.
“Atendiendo las alegaciones que presentaron tanto el agente del Ministerio Público como por la defensa, el juzgado encuentra que la Fiscalía faltó al deber legal y constitucional de probar los cargos formulados a los acusados”,  concluyó el juez Trujillo Salas. “Por ende, el sentido del fallo es absolutorio para todos los acusados”, anunció ayer al anticipar la decisión.
“Se demoró pero se hizo justicia”, exclamó el médico Rodrigo Cleves Rodríguez, investigado junto su sucesora Carmen Elena Silva.
“Demostramos que la clínica no era una empresa fantasma, que la contratación fue legal, que no existió desviaciones de recursos de la salud y que todo este proceso fue un show que montó la Fiscalía para buscar anomalías no donde existían, afirmó Cleves Rodríguez.
Falencias subsanadas
En efecto, en noviembre de 2009, la Secretaría de Salud del Huila, la autoridad competente, sacó del sistema a la IPS Revivir Ltda Clínica Valle de Laboyos por no cumplir los estándares que exige el Sistema Único de Habilitación. Sin embargo, las deficiencias fueron oportunamente corregidas y así fue notificado a la Secretaría de Salud. En esas condiciones, inició la prestación de servicios contratados por un año (2008-2009) y no cuatro años como equivocadamente lo supuso la Fiscalía.
“No fueron cuatro años, como lo presentó la Fiscalía, la contratación fue por el periodo 2008-2009 y estuvo legalmente soportada”, afirmó el Procurador Judicial, quien pidió la absolución al terminar los alegatos finales de conclusión.
Capacidad financiera
Adicionalmente, la insuficiencia financiera y patrimonial de la IPS, que soportó las medidas cautelares y la acusación, en realidad, nunca fue examina como quedó demostrado en el debate probatorio.  En los documentos se demostró que los funcionarios de la Secretaría de Salud omitieron ese aspecto en la visita de inspección y las pruebas que así lo indicaban, curiosamente fueron ocultadas por la Fiscalía.
Según la Fiscalía, de manera ilícita a la clínica Valle de Laboyos, le fueron cancelados entre el 2009 y 2011 una suma aproximada de 3.000 mil millones de pesos.
Un peritaje contable sobre la contratación entre Comfamiliar y Revivir IPS, incorporado como prueba, demostró que los recursos por la prestación de los servicios de salud en Pitalito ascendieron a 1.158 millones de pesos por capitación y 150 millones por evento. Además, se probó que la contratación fue legal y durante el peritaje no se advirtieron “inconsistencias contables ni apropiaciones indebidas”.
No obstante, la Fiscalía se mantuvo en la desviación de recursos públicos. El fiscal Elkin Ricardo Vega Beltrán, quien recibió el proceso, con inexplicables deficiencias, mantuvo hasta el final los cargos y pidió sentencia condenatoria.
No obstante, no pudo demostrarlo. El mismo Procurador Judicial, destacó las graves deficiencias de la Fiscalía para demostrar plenamente la existencia de las supuestas anomalías.
Concurso
Además, la bancada de la defensa, demostró que la contratación, contrario a lo argumentado por la Fiscalía, se hizo previamente a un concurso realizado por la Alcaldía de Pitalito. Entre las pruebas, se aportaron copias de los actos administrativos que se expidieron en el 2000 para la selección de las entidades para la prestación de los servicios del régimen subsidiado.  Entre otras, la Resolución 151 de 1999 firmada por el alcalde de la época Pedro Martín y publicada el 16 de febrero de 2000.
El documento, según el abogado Jesús Antonio Marín confirma que si hubo una selección previa, aunque podía realizarse directamente ya que la contratación en salud tienen un régimen especial.
El fiscal de la Unidad Anticorrupción, Ciro Alfonso Castilla Lobelo, quien lideraba las investigaciones por las irregularidades en el manejo de los recursos de la salud, armó este primer proceso que se desmoronó ante la contundencia probatoria. Su sucesor, Daniel Díaz, preso por corrupción, tampoco logró encauzar la investigación.
“Lo que demuestra este sentido del fallo es el desconocimiento por parte de la Fiscalía del Sistema Nacional de Salud y el desconocimiento de la abundante normatividad que regula el manejo de los servicios de salud”, aseguró el abogado Sheiber Cuenca.
En estas circunstancias, no había mérito para proferir sentencia condenatoria y por ende se imponía, la absolución, reclamada también por la Procuraduría.
Así quedó consignado al anunciarse el sentido del fallo. La sentencia absolutoria para Ariza Quintero y los directivos de la IPS, Rodrigo Cleves y  Carmen Elena Silva, será proferida a mediados de diciembre.Los otros procesos, en etapa preparatoria, quedaron agendados para el próximo año.
Fuente: Editorial La Nación

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